Publicado en Colegio, el viernes 06 de diciembre de 2013

Desde la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) por 25 alumnos del establecimiento, entre el 17 y el 26 de septiembre pasado, se han sucedido una serie de acontecimientos cada vez más preocupantes. Con la aplicación de 20 amonestaciones por los destrozos ocasionados durante la toma, diez de los 25 alumnos sancionados deberán rendir todas las materias, pero, a pesar de que las medidas aplicadas siguieron en todos los casos el reglamento escolar, hubo padres que acudieron a la Justicia, interponiendo medidas cautelares y preventivas.

En circunstancias normales, este trámite debería haber quedado resuelto dentro del ámbito del Colegio y, de existir aún algún tipo de disconformidad de los padres o tutores, éstos siempre pueden apelar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, de la que depende la institución educativa. No fue ése el camino elegido: el 21 de noviembre pasado, se conoció que la Justicia había ordenado la reincorporación de dos de los 25 estudiantes que habían perdido su condición de alumnos regulares. Aunque la decisión fue apelada por las autoridades escolares, en uno de los dos casos, el de una alumna del turno tarde, se produjo su regreso ese mismo día al aula. La resolución de los jueces se habría basado en que no debía afectarse el acceso a la educación aun cuando dicho acceso no estaba en riesgo con las medidas adoptadas.

Por el contrario, la jueza del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland rechazó suspender la sanción de 20 amonestaciones contra otra alumna del CNBA, lo cual implica que ésta quedará libre y deberá rendir todas las materias. Si no fuera por esta resolución, podríamos estar hablando ya de sanciones escolares "judicializadas", porque, como lo habían señalado las autoridades del CNBA, los fallos a favor del levantamiento de las medidas disciplinarias crean antecedentes preocupantes.

Es de desear entonces que también las instancias superiores de la Justicia respondan a las apelaciones de las autoridades del colegio en el mismo sentido. Si ello no ocurriera, estaríamos ante otra grave subversión de lo que hasta ahora fue el orden disciplinario interno de una casa de estudios. Otro golpe más al vapuleado principio de autoridad.

Lo que sí debemos seguir lamentando es la conducta de muchos de los padres y tutores. Con esa actitud de mal entendida protección de los derechos de sus hijos, neutralizan el propósito formador de una sanción. Como lo hemos sostenido siempre, para la vida futura en sociedad de los jóvenes, "es necesario que se debata sobre la disciplina y la sanción", pero en esos debates los padres deberán estar presentes, para asumir sus responsabilidades como tales, ante sus hijos y ante la comunidad.

La Nación, 05/12/2013